Esta mañana, el fiscal nacional Jorge Abbott anunció la designación de Raúl Guzmán como el persecutor a cargo de investigar las denuncias presentadas el pasado viernes por la Contraloría, luego de que una auditoría detectara anomalías en 114 servicios públicos.
Son cinco los jefes de finanzas de altos servicios públicos indagados por su gestión. Entre ellos se encuentran miembros de un hospital regional y dos gobernaciones regionales, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas, según publicó Emol.
Guzmán trabajará con un equipo de fiscales, con quienes estará a cargo de aclarar si las denuncias son constitutivas de delitos y si hay responsabilidades personales, en el caso de existir.
Este lunes, y en medio de la conmemoración oficial del 90° aniversario de la Contraloría General de la República, la cabeza del organismo, el contralor Jorge Bermúdez, señaló que “son cinco casos pero estamos en un periodo que es de investigación desformalizada, esa investigación tiene carácter de secreto, porque o si no se frustraría, y estaría yo mismo cometiendo un ilícito si divulgase los nombres” de los involucrados, dijo Bermúdez, aclarando que el hecho que los alertó fueron negociaciones incompatibles. “Para el sentido común parece extraño que la persona que toma las decisiones de compra en el servicio, le compre a su vez a la empresa donde él es socio, o donde su cónyuge es socio”, indicó.
Advirtió que se trata de un “primer barrido” hecho a los servicios públicos donde hay mayor cantidad de patrimonio público que se está invirtiendo, por lo cual, después del viernes 31 -cuando vence el plazo para hacer las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos- se tendrá la información completa que permita hacer un cruce de datos “en plenitud”.
Los hechos que fueron descubiertos:
“Hemos encontrado que algunos funcionarios, a pesar de tener buenas remuneraciones, no tienen nada a su nombre y tampoco su cónyuge. Una persona que tiene cuatro millones de renta, por lo menos tiene un auto a su nombre y eso parece raro”, explicó Bermúdez.
“En segundo lugar nos parece raro que una persona que vive de un sueldo de la escala única de remuneraciones, tenga un auto de lujo o un patrimonio por sobre los 200 millones. Nos parece raro, además, que el cónyuge de un funcionario tenga más de dos mil millones en bienes inmuebles de avalúo fiscal”, añadió el contralor.
FOTO: Agencia Uno
