“Se pretende objetar mi derecho a cotizar en Dipreca. Ello carece de fundamento, toda vez que mi ingreso se habilitó en el año 2006, cuando por decreto del Ministerio de Justicia fui nombrada subdirectora técnica de Gendarmería”.
Este es uno de los extractos de la carta con la que Myriam Olate, ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS) y uno de los 11 ex funcionarios de Gendarmería a los cuales la Contraloría ordenó invalidar sus pensiones, defiende la legalidad de su cuestionada jubilación, que asciende a $ 5,4 millones.
En la misiva, que fue enviada a la comisión de la Cámara que investiga eventuales irregularidades en las pensiones otorgadas por el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros (Dipreca y Capredena), la ex subdirectora técnica argumenta que la Contraloría tomó razón de su pensión y que fue su titular, Jorge Bermúdez, quien “le dio curso sin observación alguna”.
En la misma carta asegura no “haber realizado acciones” para aumentar su pensión. Y explica que el Ministerio de Justicia le pidió la renuncia a un mes de cumplir un año como subdirectora técnica, lo que, según ella, obedeció inmediatamente, a pesar de que si hubiese solicitado completar el año -indicó- habría recibido la indemnización dispuesta por las bases del concurso de Alta Dirección Pública, por el cual accedió al cargo: “Aquello desmiente la murmuración que me atribuye haber realizado acciones tendientes a aumentar mis ingresos para abultar mi jubilación”.
Dipreca debería entregar los resultados del proceso invalidatorio de las pensiones de los 11 ex funcionarios antes del 28 de febrero.
Foto: La Tercera