El nuevo “proyecto de ley Uber” aún no ha sido discutido por el Congreso y ya generó criticas entre los actores involucrados y especialistas.
La medida propuesta por el Ministerio de Transporte busca la legalización de los servicios tecnológicos Uber y Cabify, que entre otra cosas, solicita un registro para las empresas, exige licencias profesional para los conductores y un pago por kilómetros recorridos que irá al gremio de los taxistas.
Abogados entrevistados por El Mercurio, pusieron en duda la constitucionalidad del proyecto. Ante esto, en una carta, el ministro Andrés Gómez-Lobo señaló que la creación del fondo se establece conforme corresponde a través de una ley. Los recursos que lo conforman también se explicitan en ella, de acuerdo a lo prescrito en la Constitución”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Radiotaxi Ejecutivo de la Región Metropolitana (Artem), Raúl Vásquez, aseguró que está medida será un “descalabro” para su sector.
“Es un traje a la medida para Uber o Cabify. Esto ya nos ha dejado pérdidas de 20%, al menos. A nosotros nos impiden tarificar con tecnología, no nos dan las mismas opciones. Queremos que entren más autos, pero legales, porque de cinco mil taxis que se inscribieron como ejecutivos en 2005, hoy hay 3.500. Existe espacio para crecer, pero en la legalidad, que no hace necesario un proyecto de ley”, afirmó Vásquez.
Asimismo, el gerente general de Cabify, Agustín Guilisasti, señaló que el cobro por kilómetros recorridos se sustenta en una externalidad negativa de congestión que no compartimos.
“Cada Cabify elimina 10 autos de las calles. Somos una alternativa al auto y nos complementamos con el transporte público. También el cobro por el panel de expertos nos pone un freno como industria porque deja de ser competitiva”, aseguró Guilisasti.
El especialista en transportes del MIT, Raimundo Cruzat señala que este proyecto “es desperdiciar otra oportunidad para modernizar nuestro sistema de movilidad, fomentando la integración tarifaria y de medio de pago, con la tarjeta bip.
Por su parte, el especialista en transportes de la U. de Chile, Jerko Juretic aseguró que “no se entiende por qué se usa una ley si hoy el ministerio tiene las facultades para regular las aplicaciones con las herramientas actuales. Al restringir el pago en efecivo, se establece una discriminación para quienes no tienen acceso al crédito”.
