El Gobierno enviará la próxima semana un proyecto de ley para regular el creciente mercado de transporte generado por las aplicaciones Uber y Cabify. Hasta hoy funcionan con amplia popularidad, pero al margen de la ley.
Aunque el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo había enfatizado hace seis meses que estas firmas tecnológicas eran “ilegales”, ahora sostiene que son una realidad que debe tener una norma que será discutida en el Congreso.
se exigirá a todos los conductores de Uber y Cabify contar con una licencia de conducir profesional tipo A (tras dos años de licencia B), condición que era resistida por Uber porque, según han señalado, crea una barrera de entrada para unirse con más facilidad al servicio y masificar las opciones de transporte para sus clientes.
Pero el tema de mayor controversia tiene que ver con el pago que deberán hacer las compañías al Estado por kilómetro recorrido de la flota, desembolso que será mayor por los traslados en hora punta. Además, estarán prohibidos los cobros a los clientes en dinero en efectivo con el objetivo de evitar posibles abusos.
