Este martes, mediante un oficio, la Contraloría General informó que ordenó a Dirección de Previsión de Carabineros iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento.
Esta medida es el resultado de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF establecido por la ley.
El 20 de abril de este año el Contralor General ya había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a las 60 UF y solicitó la revisión en detalle de la legalidad de todos los componentes de las pensiones que se hubieran aprobado erróneamente.
Entre las pensiones suspendidas se encuentra la de Myriam Olate, ex subdirectora técnica de Gendarmería, quien recibía una jubilación de $5 millones.
La medida también afecta a Oscar Garcés, Edita Cortés, Victor Alfonso Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramirez, Jenny Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.
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