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John O’Reilly interpone recurso de protección para no ser expulsado de Chile

La Corte de Apelaciones dio cinco días al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y al jefe de Extranjería, Rodrigo Sandoval, para que lo evalúen.

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12 Julio, 2016

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La defensa del sacerdote John O´Reilly interpuso un recurso de protección para que el ex sacerdote del Colegio Cumbres, declarado culpable de abuso sexual a menores, no deba abandonar el país.

“Fue chileno desde la publicación de esa ley (nacionalidad por gracia) y hasta la fecha de revocación”, dice el principal argumento del recurso.

Los abogados de O’Reilly piden a la Corte de Apelaciones de Santiago intervenir ante el decreto de expulsión que el Ministerio del Interior le notificó el 9 de junio pasado.

Según los documentos, el Departamento de Extranjería revocó su permiso de residencia definitiva “argumentando para ello que como extranjero había incurrido en la comisión de delitos que afectaron bienes jurídicos de interés colectivo”, ordenándose su expulsión una vez cumplida su condena en Chile.

O’Reilly fue condenado el 11 de noviembre de 2014, en fallo dividido, a cumplir la pena de 4 años y un día por abuso sexual de menores bajo el beneficio de la libertad vigilada.

Esto contempla un plan de reinserción social a cargo de Gendarmería, el cual se encuentra cumpliendo en la actualidad, dice el recurso.

La defensa de O’Reilly —a cargo de los abogados Cristián Muga y Leonardo Bataglia— decidió recurrir de protección alegando un desigual trato ante la ley de Interior contra el sacerdote.

Esto porque se le aplica la Ley de Extranjería, siendo que cuando fue condenado por el Tercer Tribunal Oral de Santiago aún era un ciudadano chileno, que gozaba de la nacionalidad por gracia, la que fue revocada recién el 14 de abril de 2015, es decir, cinco meses después de ejecutoriado el fallo.

 

La Corte de Apelaciones acogió a trámite el recurso de protección y dio cinco días al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y al jefe de Extranjería, Rodrigo Sandoval, para que evacuen informe sobre estas presuntas garantías constitucionales vulneradas.

Según O’Reilly, “hasta antes del acto denunciado, mi situación migratoria era completamente regular” y aseguró que expulsarlo es arbitrario también porque “atenta contra los fines de la pena alternativa”.

En ese sentido, dijo que “la reinserción social es un proceso de aprendizaje, adopción e interiorización de un comportamiento social orientado hacia el prójimo y el medio que lo rodea (…) estos esfuerzos y recursos fiscales carecen de sentido y función social si debo abandonar el país luego de cumplir el plan de intervención”.

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