Reforma a la educación superior: Acreditación de universidades será por ocho años

Junto con establecer la gratuidad y sancionar el lucro, el proyecto de educación superior que ingresó este lunes a la Cámara de Diputados, generará otra serie de cambios profundos al sistema.

Si bien anteriormente las acreditaciones eran voluntarias y de rangos de 2 a 7 años, con la nueva legislación la acreditación será obligatoria y por un plazo de 8 años.

Además, habrá tres niveles de acreditación–A, B y C–, y un estado condicional transitorio, en el cual la institución podrá estar sólo una vez.

En caso de que la institución no se acredite, se nombrará a un Administrador Provisional, cuya misión será lograr que el plantel se certifique. De no conseguir la acreditación en un plazo de 3 años, se procederá a su cierre.

La acreditación será en cinco áreas obligatorias: gestión institucional; sistema interno de gestión de la calidad; docencia y formación; investigación, creación e innovación; y vinculación con el medio. Hasta ahora, éstas dos últimas eran optativas para los planteles.

Este proceso estará a cargo de una nueva entidad, el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Este servicio público autónomo, estará compuesto por once miembros que serán elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública y estarán sujetos a reglas de probidad públicas.

El proyecto de ley también establece un nuevo sistema de admisión para la educación superior: el Sistema Común de Acceso a la Educación Superior, que estará a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior, en lugar del Consejo de Rectores, como es hasta ahora.

Ministra de Educación y el lucro

Ante las críticas del movimiento estudiantil, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, invitó a los universitarios a conformar una mesa de trabajo para conocer los alcances del proyecto de ley.

Delpiano aseguró que en esta ocasión, la reunión sería distinta, ya que se tendrá el documento en la mano para poder analizarlo.

“Llevan mucho tiempo marchando sin conocer el detalle de la reforma”, dijo la secretaria de Estado en entrevista con Ahora Noticias.

En esta línea, la titular de Educación llamó a los universitarios “a empujar juntos los cambios que se requieren, pensando que van a quedar cosas pendientes que en los sucesivos gobiernos pudieran mejorarse”.

Más temprano, en T13 Radio, la titular había declarado que “desmontar un sistema de mercado (…) es muy difícil hacerlo en un año o en dos años, ya que es un sistema que lleva muchos años, es muy complejo muy heterogéneo. No estamos escribiendo en un papel en blanco”.

La titular de educación explicó que en este proyecto “el lucro queda muy sancionado dentro de lo que son las universidades. Las universidades, por ley, son sin fines de lucro, por lo tanto se ponen cortapisas reales para que eso se produzca. Incluyendo en última instancia, para alguien con lucro reiterado, hay apropiación indebida y eso va a la justicia penal”.

En cuanto a los CFT e IP, Delpiano indicó que estos, por ley, sí pueden tener fines de lucro, pero que se ha puesto foco en generar los incentivos para que estos pasen a ser sin fines de lucro, por lo que anunció que se acelerará la ley que lo permite.

De esta forma, no se terminará con el lucro, pero sí se establecen sanciones, en razón de la cantidad de alumnos que asisten a instituciones con lucro.

En cuanto a la gratuidad, la titular de Educación reiteró que la intención del gobierno es que esta sea universal.

“En este Gobierno va a quedar establecido hasta el sexto decil. La promesa era al séptimo, pero por razones económicas hubo que establecer un plazo más largo para llegar a eso. Pero las condiciones y la voluntad de avanzar está en la ley”, comentó.

Universidades públicas no estatales dicen ser “las más perjudicadas”

La nueva minuta del Ejecutivo, que entrega mayores detalles sobre la reforma a la educación superior, irritó a los rectores de las universidades públicas no estatales, agrupadas en el G9.

El presidente de dicha entidad, Claudio Elórtegui, indicó que “somos las grandes perjudicadas por este proyecto”, pues acusó que a esos nueve planteles (que incluye a las universidades católicas, U. Austral, U. de Concepción y U. Santa María) se les está eliminando un aporte basal.

“Nos parece inexplicable e indignante. Es preocupante y revela un sesgo estatista que no podemos comprender, considerando que los objetivos de la reforma, que compartimos, son profundizar calidad y equidad”, criticó Elórtegui sobre la eliminación del aporte basala las universidades del G9.

Según las minutas, dos años después de que se apruebe la reforma, se creará un fondo concursable para la investigación para todos los planteles que tengan gratuidad, pero ese fondo se nutrirá de los recursos que hoy son parte del Aporte Fiscal Directo, que hoy reciben las universidades estatales y las del G9 por ley.

El Consejo de Rectores tendrá una sesión extraordinaria los días 14 y 15 de julio.

Foto: Agencia Uno