Tras su sentencia, desaforado senador Jaime Orpis ingresó la tarde de este jueves al anexo penitenciario Capitán Yáber para cumplir con la prisión preventiva decretada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Este jueves, la Corte de Apelaciones decretó prisión preventiva para el desaforado senador Jaime Orpis en el marco del caso Corpesca.
Esto luego de que el tribunal revisará las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, decretadas por el Cuarto Juzgado de Garantía el pasado 6 de junio.
La medida fue calificada como “excepcionalmente dura, desproporcionada e injusta”, por los diputados de la UDI. Así, lo señaló el jefe de la bancada de diputados gremialista, Juan Antonio Coloma, quien dijo que “nos parece una medida excepcionalmente dura, y uno se pregunta por qué con la gente de derecha tan dura y con la gente de izquierda no”.
Coloma apuntó a un “ensañamiento especial con gente de oposición al Gobierno”, y aseguró que la medida cautelar “uno la puede encontrarla especialmente gravosa, pero un respeta las decisiones de los tribunales”.
Asimismo, la esposa de Orpis, Ana Luisa Jouanne, aseguró que “para llegar a la prisión preventiva fiscalía y querellantes han hecho una caricatura de Jaime”.
Jouanne señaló que “si bien hay una parte que ha reconocido, defenderá hasta el último día que no se ha enriquecido”.
“Este es un paso que Jaime tomará con tranquilidad. Estará preso pero es un hombre libre”, declaró Jouanne.
En la audiencia de hoy el Ministerio Público insistió en la prisión preventiva para el desaforado parlamentario, argumentando que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.
La Fiscalía acusó a Orpis de recibir $233 millones de Corpesca entre 2009 y 2013, infringiendo los deberes propios de su cargo para beneficiar a la empresa. Dicho monto habría sido dividido en pagos mensuales de más de $4 millones.
Además, aseguró que el senador facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, permitiendo a la empresa rebajar impuestos y que defraudó al fisco por un monto cercano a los $153 millones, los que ya restituyó al Congreso.
