El gobierno decidió suspender el veto presidencial ingresado hace un mes a la reforma laboral -y la tramitación de una futura ley corta-, a cambio de buscar una reforma constitucional para reponer la titularidad sindical, aspecto clave del proyecto que fue impugnado por el Tribunal Constitucional (TC).
“El paso que hemos acordado es constituir un equipo técnico jurídico con las distintas bancadas parlamentarias para explorar el contenido y la viabilidad de esa reforma constitucional”, señaló ayer el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz.
Esta determinación posterga indefinidamente la promulgación de la reforma laboral que, como contempla un período de vacancia de seis meses, se hace inviable que entre en vigencia este año.
Adicionalmente, hace innecesaria la tramitación de una ley corta para adaptar la normativa a lo dictaminado por el TC. De esta manera, continúa vigente el actual Código del Trabajo.
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