Actualmente, la Ley de Aseguramiento de la Calidad establece que si un colegio con mal desempeño no mejora tras cuatro años, se le revoca el reconocimiento oficial, es decir, debe cerrar.
Pero ayer la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó un artículo transitorio que adecua el proyecto que crea el Sistema de Educación Pública a dicha normativa legal y establece una excepción para los establecimientos públicos, que serán administrados por los servicios locales de educación (SLE).
Con esto, las escuelas del Estado no cerrarán si mantienen el mal desempeño, sino que pasarán por un proceso de reestructuración.
“No tiene sentido mantener una norma de revocación de recomocimiento oficial (para los colegios públicos) como medida para sancionar calidad, porque hay muy poca evidencia de que eso mejore efectivamente la calidad”, señaló la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga.
Diversos diputados manifestaron su preocupación porque en la ley no está suficientemente detallado lo que implica la reestructuración ni las sanciones que se impartirán a los colegios con desempeño insuficiente que no mejoren.
“No puede ser que el SLE que se está creando no tenga ninguna consecuencia si lo hace bien o mal”, señaló la parlamentaria”, criticó la diputada Yasna Provoste (DC).
El diputado Giorgio Jackson (RD) defendió la idea de que los colegios públicos no cierren. “El Estado no puede sacar un colegio y dejar un territorio sin establecimiento, sería como sacar una comisaría porque no funciona”, enfatizó el ex dirigente estudiantil.
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