Este viernes comenzó la primera discusión sobre el impeacment contra Dilama Rousseff; entre gritos, silbidos e interrupciones los parlamentarios del gobierno y opositores mantienen un acalorado debate en la Cámara de Diputados.
El cruce más polémico estuvo protagonizado por José Eduardo Cardozo, representante legal del gobierno; y Miguel Reale, uno de los impulsores del juicio político contra la mandataria brasileña.
“Este proceso de juicio político califica como una ruptura institucional y una violencia sin precedentes hacia la democracia”, aseguró Cardozo.
Asimismo, el ministro atacó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y dijo que él está “detrás de todo“.
Por su parte Reale, señaló que “el crimen de Rousseff es más grave que el de un presidente que ha robado fondos públicos para sí mismo”.
“Hubo golpe cuando se maquilló la situación fiscal“, agregó el parlamentario; y justificó el proceso al señalar que la jefa de Estado usó fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.
Esta mañana, siete de los diez jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil se pronunciaron en contra del recurso presentado por el Gobierno para frenar un proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Esto luego de que el jueves, el gobierno brasileño presentara un recurso de amparo contra el juicio de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y advirtió que está dispuesto a librar una verdadera batalla judicial para frenarlo, alegando “violaciones” al derecho de la defensa.
Esta solicitud fue presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF) e m la víspera del inicio de los debates en el pleno de la Cámara de Diputados que votará este domingo una moción para remover a la Mandataria por presunta manipulación de las cuentas públicas.
La eventual admisión del recurso podría llevar a suspender los debates, a la espera de una decisión definitiva sobre el fondo de la demanda en una sesión plenaria del STF.
El gobierno ve en los procedimientos legislativos “vicios que violan los principios del debido proceso legal (…) y de una amplia defensa”, indicó la Abogacía General de la Unión (AGU, defensoría del Estado, con rango ministerial), en un comunicado.
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