Este martes el Senado reabrió el debate sobre la norma que sanciona con penas de cárcel las filtraciones en las investigaciones y aprobó por 29 votos a favor y tres abstenciones una nueva enmienda que deja afuera a los periodistas.
Esto tras la polémica que se dio cuando la Cámara Alta aprobó por unanimidad una indicación redactada por el Ejecutivo, que sancionaba con cárcel a toda aquella persona que revelara información reservada de una investigación judicial.
La medida generó críticas de distintos sectores -entre ellos, la Asociación Nacional de la Prensa, del Colegio de Periodistas y la Corte Suprema-, muchos de los cuales advirtieron que la medida podía atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
De esta manera, la indicación aprobada este martes indica que: “Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos, y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas”.
“Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12 respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso”, continúa.
Por último, la norma aprobada señala que “las personas indicadas que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 Unidades Tributarias Mensuales, o presidio menor en su grado mínimo”.
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