A las 12:13 horas del 9 de diciembre de 2013, Miguel Núñez —gerente de Finanzas Corporativas de Ripley Corp—, envió un correo electrónico, solicitándole al gerente general corporativo de la firma, Lázaro Calderón Volochinsky, pidiéndole autorización para generar una orden de compra.
Según informa El Mercurio, el asunto del correo era: orden de compra a Giorgio Martelli. Éste último es conocido como el operador político investigado en el caso SQM por presuntamente haber proveído facturas falsas de su empresa Asesorías y Negocios para generar aportes a la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.
Minutos más tarde, a las 12:16 horas de ese lunes, Núñez le escribió a Calderón que le diera el visto bueno para la compra del informe de coyuntura política, económica y legislativa 2013 , que se le solicitó a Asesorías Credo e iría con cargo al centro de costo de la gerencia general corporativa.
En abril de 2015, ECCSA SA. -grupo controlador de Ripley-, rectificó este servicio por $50 millones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otros, lo que fue requerido por el Ministerio Público.
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