Este martes la Cámara Alta votó el proyecto de fortalecimiento de la democracia, donde en particular, se despacharon las normas que regulan las sanciones para quienes infrinjan la Ley Electoral.
Las medidas elevan los estándares que deberán cumplir las campañas, y son complejas para los propios interesados, pues desde las próximas elecciones tanto los candidatos como quienes aporten a las campañas, podrán ser castigados con multas, pérdida del cargo y penas de cárcel en algunos casos.
Sin embargo, entre los ajustes que introdujo la Comisión de Constitución, se eliminó una de las cuatro causales que el proyecto del gobierno calificaba como infracciones graves y castigaba con la pérdida del cargo.
Específicamente, la normativa establecía la pérdida del escaño para un parlamentario y la eliminación del cargo para un alcalde, concejal o consejero regional que hubiera sufrido el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos de campaña presentada por su administrador electoral. Esto, en el caso que difiera en más de un 20% entre el gasto declarado y lo determinado por el Servel.
Los parlamentarios argumentaron que dicha norma no contemplaba un mecanismo de reclamo ante la determinación del Servel, afectando el debido proceso.
El Ejecutivo no presentó ayer la indicación, sino que se ingresó por un acuerdo de la comisión, aunque con respaldo del gobierno.
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