Una nueva arista del Caso Penta podría afectar directamente al financiamiento de la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.
Según El Mercurio, la Fiscalía Oriente está realizando investigaciones para establecer si otros grandes contribuyentes cometieron irregularidades tributarias para financiar campañas políticas.
Desde hace algún tiempo, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de rectificaciones que diversas empresas hicieron ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Entre las declaraciones está la del ingeniero y dueño de VSA Ltda, Tomás Carrasco, quien informó haber elaborado facturas falsas a petición de Laurence Golborne, en el marco de dineros para su campaña.
A partir de estos antecedentes, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidieron al SII las rectificatorias que hicieron empresas como el banco BCI y también Comercial ECCSA S.A., grupo que controla a Ripley Corp, y que fue mencionado por Carrasco como destinatario de tres facturas falsas por $15 millones.
Asimismo, existen dos facturas por $50 millones de Comercial ECCSA S.A. a Asesorías Credo Limitada, firma que aparece como uno de los proveedores en la campaña de Michelle Bachelet.
Se espera que los persecutores citen a declarar a Alejandro Friedman, representante legal de ECCSA S.A. por este pago a Credo Limitada.
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