Caso Caval: Síndico niega conocer a Dávalos y Compagnon

Casi ocho horas declaró  el síndico Herman Chadwick Larraín en la Fiscalía Regional de O’Higgins ante el fiscal Luis Toledo, en calidad de imputado por el caso Caval.

Chadwick es investigado por la ley de quiebras y la presunta infracción a su rol como liquidador está en el artículo 38 del Libro IV del Código de Comercio, que sanciona al síndico que “concertare con el deudor, con algún acreedor o tercero para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla para sí“.

Además es indagado por los delitos de malversación de caudales públicos, en caso de ser considerado funcionario público. En el caso contrario, la figura sería la apropiación indebida.

Chadwick estuvo a cargo del convenio preventivo judicial de Patricio Wiesner, dueño original de los terrenos que compró Caval para el cambio de uso de suelo en Machalí. Su labor fue liquidar los activos pertenecientes al matrimonio de Patricio Wiesner y Helga Riffart, antes de que declararan la quiebra, pues se debían cerca de ocho millones de dólares a los acreedores y empleados.

En este contexto fue que se vendieron los tres terrenos de Machalí, los cuales fueron comprados por Caval -empresa de la cual son socios Mauricio Valero y Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet- en $6.500 millones en enero de 2014.

Según publica El Mercurio el fiscal le consultó acerca de si conocía a Compagnon y a su esposo Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta, lo cual descartó. Solo reconoció vínculos con Valero, el socio de Caval, con quien conversó durante el proceso de venta de los predios.

También negó haber recibido cualquier pago extra a lo que regula la ley para los síndicos de quiebra, a propósito de los $96 millones que pagó Helga Riffart (esposa del dueño de los predios) a una sociedad llamada Vicuña y Cía. El fiscal investiga si esta empresa fue usada como un “palo blanco” para que el síndico recibiera un “premio” por su gestión.

Respecto a la contratación y honorarios cancelados al ex militante UDI Juan Díaz, a quien se le pagaron $415 millones para cambiar el uso de suelo de los terrenos y gestión de potenciales compradores de los predios, dijo que “los trabajos son reales, por servicios prestados”.

“Quiero ser bien enfático, porque se ha discutido aquí que estos 400 millones, que es mucho dinero. Yo tengo un e-mail en que don Patricio Wiesner recibió ofertas en el 2011, en que se pagaba a quien hiciera el cambio del uso de suelo el 5% de la valorización de los terrenos. Aquí no estamos hablando de una mera gestión de ventas, estamos hablando de una gestión inmobiliaria, en que la persona que está involucrada, que quiere que se le cambie el destino de sus propiedades, está dispuesta a pagar más allá de lo que es un simple corretaje de propiedades”.

FOTO: La Tercera