La organización de una consulta simbólica sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional, ha generado las primeras consecuencias serias en los estrados españoles para el actual presidente de la Generalitat.
Artur Mas, acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, está citado a declarar el 15 de octubre. La decisión se produce dos días después de unas elecciones regionales que dieron una mayoría absoluta a los partidos independentistas en el parlamento catalán.
“En seguimiento de la presente instrucción se acuerda la práctica de las declaraciones de los querellados (…): día 15 de octubre de 2015, a las 10 horas de la mañana, declaración del Muy Honorable Señor Artur Mas i Gavarró”, señala la providencia del juez instructor.
La fiscalía se querelló en diciembre contra el presidente regional saliente y dos miembros de su antiguo ejecutivo por la organización de esta consulta simbólica y sin valor legal, en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron a favor de la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes.
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