Por unanimidad, el Senado aprobó este martes un proyecto de acuerdo que rechaza la condena de Leopoldo López en Venezuela.
El documento sostiene que los parlamentarios, “manifiestan su profundo rechazo al proceso y sentencia que condena a don Leopoldo López en razón de haberse vulnerado manifiestamente las garantías de un debido proceso. Asimismo rechazan comunicado efectuado al respecto por el Gobierno Venezolano, solicitan a la Organización de Estados Americanos ejerza sus buenos oficios con el objeto que los ciudadanos que indican sean puestos en libertad, y solicitan a la Unión Interparlamentaria que pida al Gobierno de Venezuela el ingreso de observadores independientes al proceso eleccionario que se llevará a efecto en dicho país el día seis de diciembre del presente año”.
Los senadores además agregan que “el compromiso con la libertad y los Derechos Humanos constituye un principio de cumplimiento y exigencia a nivel universal, que debe ser promovido por todos los países, independiente de su corriente política”.
Más temprano, y luego del rechazo del gobierno venezolano en respuesta a la postura expresada por nuestro país sobre la condena a 13 años de prisión a Leopoldo López, la cancillería chilena rechazó la acusación de intromisión.
“Chile, soberanamente, reafirma que bajo ningún concepto puede considerarse como una intervención en los asuntos internos una expresión respetuosa sobre los derechos humanos y garantías fundamentales en otro país. Universalmente se reconoce y valora como una conquista de la humanidad la protección de las libertades básicas como un deber de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Internacional”, aseguró RREE en un comunicado.
Nuestro país no sólo rechazó la acusación de intromisión, sino que además insistió en la legitimidad para criticar, argumentando la injerencia de otros países hacia Chile en cuanto a la dictadura, haciendo en cierta medida una comparación al caso López, lo que se puede inferir como una violación a los DD.HH.
“Chile, desde que su pueblo derrotara a la dictadura, ha recibido pronunciamientos tanto de gobiernos extranjeros como de órganos de tratados sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país y jamás los ha considerado una injerencia en asuntos internos”, afirmaba un comunicado de Cancillería.
Foto: La Tercera
