Gobierno defendió secreto de Informe Valech en Corte Interamericana de DD.HH.
La agrupación Londres 38 (ex torturados políticos) acusa que la decisión de establecer un secreto respondería a un acuerdo entre el gobierno de Lagos y la derecha para evitar abrir nuevas causas judiciales.
En el marco de las declaraciones que ha dado la víctima del Caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, quien solicitó que se eliminara el secreto que pesa sobre las declaraciones de las víctimas de prisión política y tortura con los que se creó el Informe Valech, el Gobierno envió dos documentos a la Corte Interamericana de DD.HH. para defender el secreto por otros 50 años.
Los representantes de las víctimas, buscan obligar al Estado a retirar la condena por traición y eliminar el secreto que se mantiene respecto de los detalles del Informe Valech para que los tribunales de justicia accedan a información que permita indagar en detalle las torturas y encontrar a todos los culpables.
Los documentos enviados por el gobierno aseguran que la comisión fue creada con la única finalidad de determinar las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas.
Respecto a sus finalidades, se aclaró que no son jurisdiccionales, ni de investigación, ni de difusión, ni periodística.
Sin embargo, esto lo refutan varios abogados de derechos humanos: explican que los detalles de los testimonios podrían permitir recabar mayor información para encontrar nuevos casos de tortura, nuevos torturadores y, por lo tanto, abrir más causas judiciales.
Pese a todos los argumentos que se sustentan en la defensa de las víctimas, la agrupación Londres 38 (de ex torturados políticos), acusa que la decisión de establecer un secreto respondería a un acuerdo entre el gobierno de Lagos y la derecha para evitar abrir nuevas causas judiciales.
De hecho, señalan que no es cierto que el secreto de los testimonios fuera una garantía entregada previamente para asegurar que las víctimas declararan, sino que esa confidencialidad se estableció después.
Además, aseguran que hay una contradicción de parte del gobierno, ya que el programa de gobierno de Bachelet prometía revisar lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los DD.HH.
Foto: La Tercera
