El fiscal a cargo del Caso Caval, Luis Toledo, remitió un oficio reservado al Servicio de Impuesto Internos (SII) sobré posibles pagos que habrían favorecido a funcionarios municipales de Machalí.
Entre los puntos que indaga el persecutor se cuenta la información vinculada a dineros que podrían haber sido entregados con el fin de obtener información privilegiada acerva del Plan Regulador Intercomunal (PRI) que cambiarían el uso de suelo en esa zona.
El fiscal nacional de O’Higgins busca averiguar si Jorge Silva, ex director de Obras; Cynthia Ross , ex asesora del municipio; Juan Díaz -ligado al síndico de de quiebras Herman Chadwick- y Patricio Cordero -dirigente de la UDI- han recibido honorarios a partir del año tributario 2013 hasta la fecha.
Según fuentes de la investigación y como informan varios funcionarios de la Municipalidad de Machalí, era frecuente ver a estas tres personas en la sede del gobierno comunal .
“Las veces que Juan Díaz concuirrió a la municipalidad, iba directamente, siempre acompañado de Cynthia Ross” ccomentó Jorge de la Maza, actual director de Obras de la alcaldía a la comisión investigadora del caso Caval.
Hasta ahora, Toledo indaga un traspaso de dinero de Díaz a Silva Menares y Ross. Esta última, que se conoció posteriormente era sobrina del dueño de los terrenos Patricio Weisner, fue fichada por el segundo como asesora de la municipalidad para modificar el PRI.
Díaz, en tanto, fue contratado por el síndico Chadwick -quien vendió los tres predios a Caval- para realizar gestiones para el cambio de uso de suelo de los terrenos, por lo cual se le pagó un total de $415.354.524. Según su contrato, él podía realizar estas gestiones “por sí o a través de terceros que él designase o delegara”.
Esto abriría -según fuentes de la investigación citadas por “El Mercurio”- la posibilidad de que también Ross podría haber recibido dinero, quien además entregó un informe sobre el cambio de uso de suelo a Mauricio Valero, socio de Caval.
