Oficialismo delinea márgenes de un posible acuerdo “vía institucional” ante crisis política
Durante comité político se definió no hablar públicamente de un “acuerdo”, sino de un “camino institucional”.
Durante la reunión de comité político que convoca cada quince días a representantes de la Nueva Mayoría y del gobierno, se trató el tema de un posible acuerdo para enfrentar la crisis política que se vive actualmente en el país.
Según varios de los presentes, en la reunión se definió no hablar públicamente de un “acuerdo”, sino de un “camino institucional”. Esto, para evitar que se genere la idea de que se está buscando una salida extrajudicial a la crisis generada por los casos Penta, Caval y SQM.
Tras el encuentro, los jefes oficialistas omitieron la palabra “acuerdo” y reiteraron el concepto de “solución institucional”, lo que implica definir un conjunto de reformas para cambiar el sistema político.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo hizo un llamado en dicha instancia a pactar un “acuerdo político” pero no una “amnistía”.
Asimismo, el presidente del PS, Osvaldo Andrade indicó que “queremos encontrar un camino institucional. Las instituciones que hoy día están a cargo de las investigaciones tienen que seguir operando con la mayor celeridad, pero sin ningún tipo de interferencias externas, duela a quien le duela”.
El jefe del PR, Ernesto Velasco, agregó que “hemos planteado al comité político que no hayan dudas de que aquí tiene que haber máxima transparencia, de que no puede haber un arreglín ni nada que huela a eso”.
Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, hizo énfasis en que un “perdonazo” es una alternativa que fue “categóricamente descartada”. Según el vocero “el gobierno ha sido categórico en que estos hechos deben ser investigados por las instituciones en el marco del ordenamiento jurídico vigente”.
En la oposición las voces se han alineado bajo la misma postura. Ante esto, La Moneda, el Congreso y el consejo asesor presidencial anticorrupción han ido definiendo un conjunto de reformas para el financiamiento electoral, a la ley de partidos, a las declaraciones de intereses y patrimonio, entre otras.
FOTO: La Tercera