Se esperaba que ayer la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) entregara los documentos contables de la empresa correspondientes a los años comerciales de 2009 a 2014 solicitados por la fiscalía, en el marco de la investigación por supuestos aportes irregulares a campañas políticas.
Sin embargo, la diligencia fue frenada por el recurso que fue presentado ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para frenar la entrega de la contabilidad de la empresa, por su gerente general Patricio Contesse y su abogado Samuel Donoso.
Donoso señaló que conjunto a su cliente “nos estamos oponiendo a diligencias de investigación que desarrolla el Ministerio Público para investigar supuestos delitos tributarios, sin que exista una querella o denuncia que lo avale por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII)“.
“De acuerdo al artículo 162 del Código Tributario, sólo previa querella o denuncia del SII se pueden investigar los delitos tributarios, y eso aquí no ha ocurrido”, agregó el abogado.
Según Donoso, el único hecho que la fiscalía podría investigar es lo que establece la querella del SII, la existencia de una sola boleta emitida a SQM el 21 de julio de 2009 por María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
“Se presentó una querella sólo por julio de 2009, no hay ninguna lógica en investigar una boleta de julio de 2009 y pretender incautar la contabilidad del año 2009 al 2014”, señaló ayer Donoso.
Por otra parte, desde el directorio de la empresa informaron que “SQM no ha presentado ninguna cautela de garantías para evitar la entrega de información al Ministerio Público. El directorio de SQM se reunirá para evaluar dicha solicitud de entrega y, finalmente, que la fiscalía fue oportunamente informado que SQM analizaría la procedencia legal de tal solicitud”.
La investigación, que se lleva a cabo en el marco del caso Penta, fue liderada por el equipo de persecutores, encabezados por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quienes se reunieron para analizar los escenarios tras esta acción judicial.
Según fuentes del Ministerio Público, en el caso de que la empresa se niegue a la entrega voluntaria de la información solicitada, la fiscalía pedirá una autorización al tribunal para concretar la diligencia.
