“Empresas Penta S.A. presentó ochos facturas no afectas o exentas de IVA falsas”, señala la segunda querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delitos tributarios que habrían sido cometidos entre los años 2009 y 2014.
Los documentos son investigados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, debido a que habrían sido utilizados para el financiamiento ilícito de campañas políticas, según publica este martes El Mercurio.
Entre las facturas hay dos emitidas por las empresas Inversiones y Mandatos (relacionada con el ex senador de la UDI Jovino Novoa), por $5 millones cada una; cinco de Vox Comunicaciones, por un total de $120 millones (relacionada con Laurence Golborne), y una de Cactus Consultores SpA, por $20 millones (del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco).
Sin embargo, la acción legal no está dirigida contra alguno de ellos tres, sino que en contra de 11 personas. Los dueños del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, por ser representantes legales de Inversiones Penta III Limitada y Empresas Penta S.A., además de Manuel Antonio Tocornal, ex gerente de Penta S.A.; el representante legal de Empresas Penta S.A., Óscar Buzeta; el ex contador del holding Marcos Castro y Samuel Irarrázabal.
Este último es yerno de Délano y representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros S.A. Todos ellos, por el delito tributario de presentar “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda” (artículo 97 N° 4, inciso primero).
La acción judicial está dirigida también contra el ex directivo y gerente general de Empresas Penta III, Hugo Bravo, por este mismo ilícito, y el del inciso tercero del Código Tributario, que sanciona al que “simulando una operación tributaria o mediante cualquier otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuestos”.
