Son $22 mil millones en colocaciones y $1.500 millones sólo por el concepto de comisión que luego se invirtieron en propiedades, autos e incluso, cirugías plásticas. Una asociación de 22 miembros logró crear la primera empresa de fachada cuyo fin único era el lavado de activos, al menos de lo que se conoce desde la entrada en vigencia de la nueva reforma procesal penal.
En la mañana del pasado 10 de julio, funcionarios y clientes de Santander, Bci, BBVA, Scotiabank y BancoEstado fueron testigos del ingreso de la PDI a las sucursales ubicadas mayoritariamente en el centro de Santiago. En una operación inédita -que aún tiene sorprendidos a los funcionarios de dichas entidades- Investigaciones detuvo a 9 ejecutivos acusados de asociación ilícita y de haber incumplido el artículo 160 de la Ley General de Bancos, es decir, haber obtenido créditos de forma fraudulenta. Los ejecutivos que hoy se encuentran con arresto domiciliario -a excepción de Marcela Frías, ex funcionaria de Scotiabank quien está en prisión preventiva tras ser formalizada por sabotaje a la plataforma tecnológica del banco- fueron parte de una organización ilícita liderada por Ángelo Stevens y Luis Venegas Fuentealba, socios de Inmobiliaria Fuentealba y quienes también se encuentran en prisión.
Stevens y Venegas se convirtieron en los artífices de un caso inédito en el país. Según la propia fiscal a cargo del caso de la Fiscalía Occidente, Tania Mora, “la ley de lavado de activos contempla varias figuras y una de ellas es la empresa de fachada. Por lo menos de lo que se conoce desde la reforma procesal penal, es la única causa donde se ha logrado determinar que se ha creado una empresa de fachada con el único objeto de lavar activos”.
Más información en El Pulso.
