El convenio 169 de la OIT, la forma en que se aplica y cómo delimitar su campo de acción, se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno y en un cuento de nunca acabar.
A meses de terminar su mandato, lo que se propone el Ejecutivo (y en lo que está trabajando en una mesa de trabajo con comunidades y en otras instancias) es poder establecer límites de una vez por todas. En concreto, cómo llevar adelante la consulta y la participación indígena en los proyectos de inversión.
El problema es que no hay mucho interés de la contraparte en avanzar. Por ahora, los grupos indígenas están cómodos con el actual escenario, pues como no hay un reglamento, el alcance del convenio que protege sus derechos frente a iniciativas de inversión es casi ilimitado.
Así, ha sido la Corte Suprema la que ha tenido que zanjar el tema. Recién el año pasado, tras largo tiempo discutiendo, se llegó al acuerdo de que la consulta indígena se realizaría a través de la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues es este punto en el que, en Chile, se realizan las consultas indígenas.
Toda esta discusión se ha trasladado ahora al Parlamento. En particular, a las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras, donde se tramitan los proyectos de ley de Concesiones Eléctricas y de Carretera Eléctrica. En el primer caso, mañana se votarán las indicaciones a la iniciativa, entre las que se cuenta, precisamente, una propuesta que busca regular la consulta indígena dentro de la ley. Hoy existen dos indicaciones que van en la misma línea: una del gobierno y otra de los parlamentarios de oposición.
Lee más en Pulso.
