Senado del Uruguay debate proyecto que legaliza el aborto

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que implicará una despenalización del aborto en determinadas circunstancias y que ha dividido al país, cuenta con el respaldo del gobernante Frente Amplio y el opositor Partido Independiente (PI), pero no termina de convencer a organizaciones sociales que se manifiestan en contra o a favor, pero con reparos.

Para convertirse en ley, el texto, de 15 artículos, requiere de la promulgación del Poder Ejecutivo y una posterior reglamentación por lo cual no entrará en vigencia de inmediato, sino que deberá recorrer aún un largo camino.

Algunos legisladores de la oposición han anticipado que convocarán a un referéndum para dejar que sea la población, directamente, la que falle sobre el polémico tema que dividió al país e incluso generó fisuras dentro de cada partido político.

Los argumentos en contra se basa en cuestiones filosóficas, religiosas o éticas, y el nuevo conglomerado de izquierdas denominado Asamblea Popular (AP), formado por grupos escindidos del Frente Amplio, reclama que debería imponerse la “legalización” directamente, por la sola voluntad de la mujer, sin condiciones.

El artículo segundo del proyecto de ley establece que “la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada” y en consecuencia no serán aplicables artículos del Código Penal para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce semanas de embarazo.