Desde los tiempos de la independencia, Latinoamérica ha visto la integración política y económica como un gran anhelo. La idea de formar un bloque fuerte y legítimo, que genere mayor cooperación y promueva mejores prácticas políticas y comerciales ha motivado muchísimos acercamientos políticos y económicos a lo largo de los años. Algunos afortunados. Otros no tanto. Desde la CAN (Comunidad Andina), formada en los años sesenta, hasta hoy, se han creado y modificado decenas de organizaciones regionales con distintos matices e intenciones. ¿Ha servido para algo? Sería injusto decir que no… Pero también sería generoso decir que hemos alcanzado los niveles de eficiencia y optimización de recursos que realmente se espera de un bloque común. Ciertamente necesitamos avanzar.
Sin embargo, hasta aquí no está claro si ello es posible con las dos visiones tan predominantes y opuestas que se advierten en la región. Por un lado, están los países que promueven el libre mercado y los tratados de libre comercio, como Chile, Perú y Colombia, y por otro, están los países críticos de la forma en como se ejerce el libre comercio convencional, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. En el medio está Brasil, país que hasta ahora ha interactuado de indistintamente con todos los bloques económicos de la región. Mención especial merece Venezuela, que con su singular postura ha llenado de barreras la anhelada integración económica regional. O Argentina, cuyos presidentes cada cierto tiempo toman decisiones unilaterales sin medir las consecuencias ni respetar los acuerdos. Y Bolivia, que cada día le pone más fichas a la política nacionalista.
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