Gasto social crece 100% en una década. ¿Se consolida el Estado de bienestar?

Mientras en Europa se discute acerca de la crisis del modelo económico asistencial y la incapacidad del Estado de seguir financiándolo, en Chile, las últimas cifras entregadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) para el gasto social, arrojan que entre 2000 y 2011, dicho ítem -que considera las categorías protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, actividades recreativas, cultura y religión, salud, educación y protección social propiamente dicha- creció en 100,5%, a un ritmo de 6,5% promedio anual.

De acuerdo con el informe de la Dipres, las áreas que han tenido un crecimiento del gasto más acelerado en la década como promedio anual son salud (9,3%), educación (7,3%) y dentro de la categoría de protección social; vivienda, con un dinamismo de 10,7%.

Es más, sólo en lo que corresponde al presupuesto del año pasado, más de la mitad de los recursos fiscales totales consignados en el erario fueron destinados a funciones sociales, con un 66,6% de las erogaciones del gobierno central consolidado.

Este crecimiento estuvo encabezado por políticas de protección propiamente tales -que incluye programas para tercera edad, familia e hijos, desempleo, vivienda, etc.- con un crecimiento relativo de 29,3%, seguido por educación -que considera enseñanza preescolar, primaria y secundaria, terciaria y servicios auxiliares de la educación- con un 17,9% y salud -que incluye servicios hospitalarios y de salud pública- con un 16,8%.

En un rango marginal se ubica la asignación de otros recursos, considerados también como cumpliendo funciones sociales, pero que claramente tienen una demanda ciudadana menos prioritaria.

Es aquí donde aparecen temas como la protección del medio ambiente que considera materias como la reducción de la contaminación y la protección de la biodiversidad, que se ha mantenido con un “peso” en el total de las erogaciones en torno al 0,3% y 0,4%; vivienda y servicios comunitarios, que incluye urbanización y abastecimiento de agua, entre otros, con un guarismo estable en torno al 1,5% y las actividades recreativas, cultura y religión, que incorpora servicios recreativos, deportivos y culturales, con un gasto en torno a 0,8%.

Ahora bien, dentro de la composición del gasto social, entre 2000 y 2011 ha habido algunos cambios.

De hecho, lo que corresponde a protección social propiamente tal hace una década recibía más de la mitad de los recursos destinados al ítem (53%), seguido por educación con un 25% y salud con un 19%.

Ahora bien, En 2011 en tanto, la participación de la protección social en términos de recursos retrocedió a 44% y los ítemes de educación y salud se elevaron a 27% y 25%, respectivamente.

La pregunta que cabe hacerse es si este dinamismo es coherente y sostenible en función de los ingresos estructurales del país,  y si en el detalle más fino, los recursos asignados a las distintas áreas realmente generan impacto en términos cualitativos o bien, se trata de incrementos puramente cuantitativos.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y EL RIESGO DE LA “BONOMANÍA”
Desde 2001 que la Dipres ha implementado una serie de políticas de evaluación de programas que buscan medir el cumplimiento de los objetivos propuestos y que el impacto buscado con un determinado programa realmente se cumpla.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2011, se evaluaron 10 programas públicos en función de su desempeño, según el compromiso adquirido en 2010, a objeto de abordar sus insuficiencias y debilidades el que se entregó a la comisión mixta de Presupuestos en diciembre del año pasado. Del total evaluado, cuatro aprobaron con lo justo, tres tuvieron desempeño insuficiente, mientras que respecto de otros tres no existe información suficiente para evaluar. En dicho documento, la nota más negativa correspondió al programa de becas para la educación superior, que incluye el crédito solidario y el crédito con aval del Estado y se entregaron recomendaciones para su mejora.

Según los expertos, estas evaluaciones son claves para determinar no sólo la calidad del gasto, si no también si se justifica la velocidad que ha tenido éste entre 2000 y 2011.

Para Alejandro Fernández de Gemines Consultores, un dinamismo de 6,5% anual “es sin duda una cifra elevada y da para pensar que se puedan estar acumulando ineficiencias en estos gastos”. Y aunque matiza su análisis al considerar que quizás dicho crecimiento tuvo un bajo punto de partida y que por lo tanto, equivale a un proceso de normalización, es tajante en afirmar que “no es sostenible en el mediano plazo”, afirma.

En esa línea, Jorge Rodríguez de Cieplan, apunta que los guarismos que exhibe la Dipres, desde un punto de vista macroeconómico podrían ser adecuados porque su crecimiento “ha sido sostenible en función de los ingresos estructurales”. Sin embargo, otra cosa es en términos microeconómicos.

“Lo relevante sería analizar el impacto que han tenido los programas que componen el gasto en el bienestar de la población”, explica.

Por lo pronto, agrega el economista de Cieplan, por el hecho de que el énfasis está en políticas de educación y de salud, “se podría decir que el grueso del gasto social no es asitencialista”, pero advierte respecto de lo que califica como “bonomanía”, que alude a la entrega de bonos por parte del gobierno, práctica que se  ha convertido en habitual en las últimas administraciones, que sí es asistencial.

Una idea que comparte María Paz Arzola, del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), quien asevera que “la entrega de bonos fuera de contexto de un programa integral constituye una política asistencialista”.

Esto, argumenta, porque “en la medida que hace que los beneficiarios se vuelvan dependientes del Estado, en lugar de generarse las condiciones para que se independicen y salgan adelante solos”.

Es que la gran dificultad de las políticas asistencialistas de gasto, acota Fernández, tiene que ver con que “es difícil diseñar sistemas de bienestar que no distorsionen la toma de decisiones. Los beneficios deben ser bajos y sólo cubrir un mínimo”, subraya.

Por esa misma razón, complementa Arzola, “el emblema de una política social no asistencialista es el Ingreso Ético Familiar, que entrega subsidios por el cumplimiento de metas, las cuales permiten a su vez que cada miembro de la familia vaya saliendo de la pobreza no gracias a la transferencia monetaria en sí, sino gracias a sus logros”, enfatiza.

FOCO EN EDUCACIÓN Y LA “GRASA” DEL GASTO FISCAL
Un elemento destacado en forma unánime por los expertos, es la prioridad que se le ha dado al gasto en materia de educación en la última década.

Esto, afirma Fernández, porque “en teoría, destinar recursos a educación debería conducir a que haya menor necesidad de protección social”, juicio que Rodríguez apoya, ya que “es una herramienta que aumenta tanto la igualdad de oportunidades como nuestra competitividad”, explica.

No obstante, Arzola agrega que si bien la educación es “la dirección en la que debiera apuntar el gasto”, lo es “en la medida que se vayan cumpliendo los objetivos más urgentes”.

El punto, añade la investigadora, es que “si se consigue disminuir la extrema pobreza, se necesitará destinar menos recursos para aliviar este problema inmediato y podrán empezar a usarse en políticas cuyos resultados son de más largo plazo, como la educación”.

Es que el riesgo de todas las administraciones tiene que ver con un gasto poco eficiente, y de hecho, el discurso con el que se inició el actual gobierno tuvo que ver con eliminar la “grasa” que existía en la gestión pública.

Para el experto de Cieplan, dicho análisis “era algo exagerado: por supuesto que debe ser una preocupación mejorar la eficiencia del gasto público, pero no es realista asumir que ello es suficiente para financiar nuevas iniciativas de gasto social en el mediano plazo”.

Y mientras la investigadora de LyD afirma que gastar mejor “debe tenerse como objetivo, dado que los recursos son limitados”, el socio de Gemines subraya que queda de aquella “grasa” por recortar. “No me cabe la menor duda. El gasto no llega necesariamente dónde debería y una parte se filtra hacia usos no previstos”.

Debes saber

¿Qué ha pasado? 
Este lunes, la Dirección de Presupuestos (Dipres) cumplió con uno de los ritos del proceso que concluye con la presentación de Presupuesto anual: la entrega de la Evaluación Financiera del Sector Público en 2011 y la Actualización de Proyecciones 2012.

¿Por qué ha pasado? 
En dicha instancia, se da cuenta de la evaluación de programas fiscales y se anticipan las variables macroeconómicas relevantes para la próxima construcción del erario.

¿Qué consecuencias tiene? 
La evaluación de programas permite determinar si es que éstos han cumplido los objetivos de su diseño y el impacto esperable asociado a su implementación.

¿Cómo puede afectar? 
Dependiendo de los resultados es la asignación de recursos que hará el gobierno, al momento de discutir sus prioridades presupuestarias y programáticas.

Vía Pulso.