Fue el 23 de diciembre pasado cuando el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, junto a autoridades de la Conadi y de la Intendencia de La Araucanía, hizo el primer gesto significativo a las comunidades mapuches en el mandato del presidente Sebastián Piñera. Le entregó a los lonkos Pascual Pichún Pallaleo y Aniceto Norin, emblemáticos por ser los primeros condenados por la Ley Antiterrorista el 2003, casi 2600 hectáreas. Ambos venían de cumplir condena de 5 años y un día, por haber sido acusados de tentativa de atentado terrorista contra la propiedad del abogado Juan Agustín Figueroa. El gesto le costó al gobierno 3 mil 576 millones de pesos y benefició a 113 familias de las comunidades Ricardo Nahuelpi, Antonio Ñirripil y Didaico de Traiguén, que hoy están dedicadas al cultivo de lupino.
Durante el gobierno del presidente Piñera se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos anuales (monto que conforma los fondos de tierra y agua que se han asignado según el presupuesto), lo que ha permitido entregar 17.317 hectáreas en lo que va de gestión. Comunidades como la de Hualinto, Ñancuan o Putrocohue, son parte de las últimas beneficiadas.
“Los dos años, 2010 y 2011 se ha entregado un promedio de 8.660 hectáreas por año. Eso es 33% más que durante los gobiernos de la Concertación”, explica Jorge Retamal, director de la Conadi.
Según datos entregados por la corporación, el promedio durante los gobiernos de la Concertación fue del orden de las 6 .500 hectáreas anuales. La institución también recalca que han llegado a más comunidades, un promedio de 30, en vez de las 23 que promediaba la ex coalición de gobierno.
Y la aspiración es crecer más los dos años restantes.
“Esperamos para el 2012 y 2013, entregar del orden de las 12 o 10 mil hectáreas en promedio”, explica Retamal.
Pero hay temas pendientes. Las comunidades acusan que el actual gobierno no ha cumplido compromisos anunciados en campaña o en discursos del 21 de mayo, como el de solucionar el conflicto de 115 comunidades que vienen siendo priorizadas para la entrega de tierras desde la administración de Michelle Bachelet.
“Sigue pendiente la compra de tierras para las comunidades. Si se ha comprado 10 por ciento, es mucho”, dice Domingo Marileo, presidente nacional de la asamblea mapuche de izquierda. Desde la Conadi, Retamal dice que sólo falta llegar a 32 comunidades.
Tampoco se estaría avanzando en la transformación de la Conadi en una Agencia de Desarrollo Indígena (incluso en un momento se habló de un Ministerio, proyecto que dejó ingresado la ex presidente Bachelet); no se ha hecho un trabajo más concreto del consejo de ministros para los pueblos originarios, y no se ha impulsado la idea de traspasar tierras con mecanismos distintos, por ejemplo priorizando a familias y proyectos específicos más que a comunidades o personas individuales, algo que se discutió en un momento.
“Las promesas que hizo el presidente cuando fue candidato, a esta altura, con más de la mitad del período no se han cumplido en absoluto. Todavía están pendientes las 115 comunidades priorizadas. Salvo alguno que otro caso, el resto de las tierras no se han resuelto”, explica Domingo Marileo.
Otra crítica que se hace es que las tierras muchas veces se han utilizado como moneda de cambio para solucionar conflictos políticos. Retamal de la Conadi, dice que eso se hacía antes pero no en la actual gestión.
“En el gobierno anterior el ex ministro Viera-Gallo se comprometió a entregar tierras. Usó las herramientas como un mecanismo de acuerdo político, pero que no se podía cumplir porque había en la lista comunidades que estaban priorizadas. Nosotros fuimos responsables, revisamos lo que se debía hacer y tuvimos que decirles (a las comunidades) que había gente con más prioridad en la lista”, dice Retamal.
“Pero igual este gobierno ha entregado tierras a personeros muy políticos como el caso de los lonkos Pascual Pichún Pallaleo y Aniceto Norin”, afirma un dirigente.
Otro tema en el que faltaría avanzar es en la entrega de tierras atada a proyectos de desarrollo específicos. Aunque hoy gran parte de los proyectos se realizan con el apoyo del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, que se hace entre Indap (la institución de los pequeños productores) y la Conadi, los dirigentes creen que es insuficiente.
“No sirve de nada entregar la tierra porque mucha gente no sabe qué hacer con ella. Se necesita más asesoría y apoyo sino las comunidades terminan arrendándolas”, dice Jorge Reinao, presidente de la Cooperativa Rewe, un proyecto entre comunidades mapuches y empresarios para la venta de frambuesas que ha permitido a varias familias un up grade en su nivel de vida en La Araucanía.
La Araucanía y el Biobío son las regiones con mayor cantidad de personas en condición de pobreza según la última Encuesta de Caracterización Económica. El 27 y 21 por ciento de sus habitantes, respectivamente, sería pobre o indigente. A su vez ambas concentran la mayor proporción de habitantes mapuches.
Vía Pulso.
