El Ministerio de Transportes anunció este martes el fin de los contratos que existían con las empresas a cargo del sistema de transportes Transantiago, que serán reemplazados por nuevas normativas en la búsqueda de la mejora en los viajes de sus usuarios.
Según indicó el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, los nuevos contratos, que regirán cuando Contraloría tome razón de ellos -entre enero y febrero- terminan con el pago garantizado a las empresas, por lo que éstas estarán obligadas a detenerse en paraderos, mejorar frecuencias, disminuir caminatas y controlar evasión.
“Estamos terminando con los contratos hechos para beneficiar a las empresas y cambiándolos por contratos que benefician a las personas”, dijo el ministro, para quien “era indispensable actuar ahora” antes de mantener el sistema como estaba hasta 2022, donde terminaba el último contrato agendado.
Errázuriz dijo que los cambios serán de forma paulatina, a lo largo de un año, porque “no queremos otro big bang como el de 2007” asegurando que estarán vigilando a las empresas par que cumplan las nuevas condiciones, “lo que se traducirá en beneficios reales para la gente”.
Los cambios de los contratos establecen 10 puntos clave
– El 70 por ciento de los ingresos de las empresas serán por pasajero transportado, lo que las obliga a detenerse en las paradas y/o llegar a sus destinos.
– Habrán cambios al sistema troncal-alimentador, con la fusión de algunas zonas del Transantiago para responder a las demandas de viajes.
– Habrá descuentos a las empresas que incurran en mala gestión y atención en temas como falta de frecuencia, esperas prolongadas y hasta aseo en los buses, entre otros temas, para mejorar la calidad del servicio.
– Las empresas se hacen responsables de la evasión, así, éstas deberán hacerse cargo del control del pago de los buses, instalando más validadores, torniquetes u otras medidas.
– Habrá más atribuciones fiscalizadoras sobre los buses de parte del Ministerio de Transportes.
– Se terminará con las zonas exclusivas de concesión, para controlar la competencia, con menos transbordos, recorridos más directos y mayores opciones de viaje.
– Las concesionarias deberán entregar boletas de garantía de hasta 18 mil U.F. al Ministerio de Transportes, que se cobrarán de no cumplir con el pago de sueldos y cotizaciones a los trabajadores.
– Las empresas deberán cambiar y modernizar su flota, para eliminar los 800 buses “enchulados” que quedan en el sistema en un plazo de dos años.
– Los nuevos buses tendrán un mejor diseño interior a nivel asientos, agarraderas e iluminación, para viajes más cómodos y seguros.
– Las concesionarias estarán bajo un protocolo que exigirá respuestas efectivas ante contingencias en los servicios, para exigir mejoras rápidas y oportunas.
