Una vez que la reforma sea revisada por el Tribunal Constitucional, se espera que entre en vigencia en marzo de 2025. Sin embargo, sus medidas se irán implementando de manera gradual durante un período de hasta 11 años.
Una vez que la reforma sea revisada por el Tribunal Constitucional, se espera que entre en vigencia en marzo de 2025. Sin embargo, sus medidas se irán implementando de manera gradual durante un período de hasta 11 años.
Esta semana, y luego de diversas discusiones en el Congreso, la Reforma de Pensiones fue despachada a ley por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Este tercer intento de reformar el sistema de pensiones trae consigo diversas transformaciones que impactarán a trabajadores, pensionados y empleadores en todo el país. Una vez que la reforma sea revisada por el Tribunal Constitucional, se espera que entre en vigencia en marzo de 2025. Sin embargo, sus medidas se irán implementando de manera gradual durante un período de hasta 11 años.
Actualmente, los trabajadores aportan un 10% de su sueldo al fondo de pensiones, con la reforma, el empleador también tendrá la responsabilidad de realizar una cotización adicional del 7%. Este porcentaje se sumará al 1,5% que ya se aporta al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), es decir, el aporte total adicional será de un 8,5%.
Hay que considerar que este aporte se implementará de forma gradual a lo largo de un periodo que va de nueve a once años.
Ahora, del total de ese porcentaje, un 4,5% irá directo al fondo individual del trabajador, mientras que el 4% restante, se asignará al Seguro Social.
Este fondo, contará con distintos objetivos. En primer lugar, cubrirá el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, además, financiará diversos beneficios, como la reducción de la brecha de género en las pensiones y la compensación de los trabajadores con pensiones bajas.
Además, dentro de la reforma, una parte del nuevo aporte (1,5%) será considerado un “préstamo” al sistema, ya que será destinado al Seguro Social.
Este dinero se acumulará en bonos a nombre de cada trabajador, que se irán guardando en el Depósito Central de Valores (DCV). A la hora de la jubilación, estos bonos se convertirán en un “bono amortizable” que se entregará a la AFP o aseguradora encargada de la pensión. El bono estará respaldado por el Estado y generará pagos mensuales durante 20 años, devolviendo al trabajador , por medio de su pensión, el dinero que aportó.
Uno de los grandes focos de la reforma es la reducción de la brecha de género en las pensiones, ya que las mujeres suelen recibir pensiones más bajas debido a su mayor esperanza de vida y menores períodos de cotización. Para abordar esto, se implementarán dos medidas clave:
Otro cambio relevante, es el aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que llegará a $250.000 mensuales. Este incremento no será inmediato.
“Una vez publicado, empiezan los seis meses para pagar el primer aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es para 500 mil personas”. Es decir, aproximadamente en septiembre, se entregarían los primeros aumentos del beneficio, mencionó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
Este aumento también beneficiará a personas con pensiones especiales, como exonerados políticos y beneficiarios de las leyes Valech y Rettig.
La reforma también modifica el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Es decir, ya no estará el sistema multifondos, sino que, se implementará un sistema de fondos generacionales, en el que la inversión se ajustará automáticamente según la edad del trabajador. Los jóvenes asumirán más riesgo en busca de mayores rendimientos, mientras que las personas cercanas a la jubilación tendrán inversiones más seguras.
Además, se establecerá un sistema de licitaciones cada dos años, en el que el 10% de los afiliados será reasignado a la AFP con las comisiones más bajas, lo que podría reducir los costos para los trabajadores. En esta licitación podrán participar las administradoras que reúnan menos del 25% de afiliados del sistema.