“Para que, de alguna manera, esos contratos se tengan que modificar, ambas partes tendrían que estar de acuerdo para modificarlas. Y eso significa no solamente Corfo debería estar de acuerdo, sino también las contrapartes, las empresas, SQM y Tarar”, explicó Benavente.
“Para que, de alguna manera, esos contratos se tengan que modificar, ambas partes tendrían que estar de acuerdo para modificarlas. Y eso significa no solamente Corfo debería estar de acuerdo, sino también las contrapartes, las empresas, SQM y Tarar”, explicó Benavente.
José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, explicó que el acuerdo entre Codelco y SQM ya superó las principales etapas administrativas. “Desde el punto de vista público, nada”, afirmó al ser consultado por lo que falta para que la nueva empresa comience a operar, precisando que los contratos ya cuentan con la toma de razón de Contraloría y que solo resta la firma formal entre ambas compañías antes del 31 de diciembre.
Respecto a los cuestionamientos surgidos durante la campaña presidencial sobre una eventual revisión del contrato, Benavente fue claro en que revertir lo avanzado es altamente improbable. “Para que, de alguna manera, esos contratos se tengan que modificar, ambas partes tendrían que estar de acuerdo para modificarlas”, señaló, agregando que cualquier cambio implicaría nuevamente el pronunciamiento de Contraloría, lo que hace que una marcha atrás sea “muy difícil”.
En cuanto a las críticas por una supuesta falta de licitación y acusaciones de opacidad, el vicepresidente de Corfo sostuvo que el proceso fue transparente y ajustado a la legalidad. “Aquí no había nada opaco”, afirmó, subrayando que los borradores de contrato fueron públicos, hubo consulta indígena durante más de un año y medio y que la decisión de negociar, y no licitar, permitió evitar un “bache productivo” que habría significado perder ingresos fiscales durante varios años.